Osiptel en una decisión que puede calificarse de excesiva y dura, ha decidido no sólo suspender hasta septiembre del 2019 (año y medio) el derecho que tienen los usuarios de servicios de telecomunicaciones de apelar por la vía telefónica sus reclamos y presentación de quejas, sino además que de contrabando ha eliminado el derecho que teníamos los usuarios de cuestionar los cobros de los servicios cuando son de mala calidad o no idóneos.
Estas medidas publicadas este fin de semana, no sólo generarán obstáculos para el ejercicio de nuestros derechos sino además va en contra del principio de protección mínima, el deber del Estado de protección especial a los consumidores vulnerables, así como de garantizar mecanismos eficaces y expeditivos para la solución de conflictos entre proveedores y consumidores, entre otros reconocidos en el Código del Consumidor y por el Tribunal Constitucional.
Como ha sucedido en su momento con la dación del Decreto Legislativo 1308 que modificó el Código del Consumidor para las denuncias que se presentan ante Indecopi, generando con ello un manto de impunidad para las empresas infractoras, buscando así desarticular los derechos de los consumidores ya ganados y reconocidos, el señor Rafael Muente, ex consultor de varias empresas operadoras y actual presidente de OSIPTEL, ha decidido sin consulta previa, audiencias públicas y lo que incluso recomienda la OECD, como sí lo hace cuando se tocan intereses de las empresas de telecomunicaciones, saltarse con garrocha diversos derechos de los usuarios de telecomunicaciones, y bajo la excusa aún no comprobada que existen “incentivos perversos” o un «abuso de derecho en la presentación de reclamos», cortó la pita por el lado más débil, es decir, el de los usuarios.
Así mismo deja abierta la puerta para que empresas operadoras establezcan “mecanismos” o “protocolos” para ejercer nuestro derecho a reclamos en servicios de telefonía móvil. Y como para hacernos creer que también tendremos derecho a apelar vía internet, ha anunciado (sin fijar fecha) que se asegurará que las empresas operadoras cuenten con una web para presentación de reclamos, quejas y apelaciones. Es decir, un saludo a la bandera.
Invocamos al Congreso de la República del Perú y la Defensoría del Pueblo a pronunciarse sobre este atropello que de ninguna manera puede ser avalada con el silencio cómplice de quienes están llamados a defendernos.
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